EL CASO FILESA

El llamado Caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989, hechos todos ellos establecidos como probados por la Judicatura.

A finales de 1989, Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones

SENTENCIA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO: José Maria Sala i Griso Al senador socialista Sala i Griso se le imputó un delito de falsedad en documento mercantil y se le condenó a la pena de un año de prisión menor y multa de 100.000 pesetas; por otro delito de asociación ilícita se le condenó a la pena de dos años de prisión menor y una multa de 250.000 pesetas. Tras permanecer 25 días en la prisión barcelonesa de Can Brians, Sala fue puesto en libertad al acordar el Tribunal Constitucional su libertad provisional mientras se tramitaba el recurso de amparo presentado contra la sentencia. El 4 de junio del 2001, el Tribunal Constitucional rebajó de tres a dos años de cárcel la pena que el Supremo impuso al ex senador, al anular el delito de falsedad en documento mercantil, aunque mantuvo los dos años por asociación ilícita por el "caso Filesa".

Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores Al diputado socialista Carlos Navarro y a los responsables de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, el Tribunal Supremo les condenó a las penas de tres años de prisión menor y multa de 100.000 pesetas, a cada uno de ellos, por un delito de falsedad continuada en documento mercantil,; también por un delito contra la Hacienda Pública a las penas de dos años de prisión menor y a una multa 258.827.765 pesetas, que abonaron al Estado de manera mancomunada y solidaria. Este importe fue satisfecho mediante la ejecución de un aval bancario que había sido depositado con anterioridad como fianza, según las fuentes jurídicas consultadas. También el Supremo condenó a Carlos Navarro a la pena de tres años de prisión menor y una multa de 500.000 pesetas por un delito de asociación ilícita. Y a Luis Oliveró y a Alberto Flores a dos años de prisión menor y multa de 250.000 pesetas. Estos tres condenados por el caso Filesa obtuvieron el 1 de diciembre de 2000 por parte del Gobierno de José María Aznar el indulto parcial, de tal forma que se redujeron a la mitad sus condenas que hoy están ya extinguidas. Este indulto se extendía a un total de 1.443 condenados y era el de mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición.

Aída Álvarez, Miguel Molledo, Juan Antonio Molina y Eugenio Marín El Supremo condenó a la ex coordinadora de finanzas del PSOE, Aida Álvarez, y a su marido, Miguel Molledo, a las penas de dos años y cuatro meses de prisión y a una multa de 100.000 pesetas a cada uno de ellos. Por su parte, los empresarios Juan Antonio Molina Vivas y Eugenio Marin Garcia tuvieron que indemnizar, respectivamente, en 35.840.000 pesetas a quienes ostentaban los derechos de la extinta Enasa, S.A. (hoy Iveco-Pegaso) y en 244.000.000 pesetas a los accionistas de Cepsa que resultaron en su día perjudicados.

Investigación
Fue realizada por Marino Barbero, magistrado del Tribunal Supremo. El 5 de mayo de 1995, el juez instructor del “caso Filesa” dictó auto de conclusión del sumario contra 39 personas, imputadas por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. De la investigación se desglosó posteriormente el Caso Ave.

Juicio
Comenzó en 1997, con el número de acusados reabajado a 12 (José María Sala y Grisó, Carlos Navarro Gómez, Luís Oliveró Capellades, Alberto Flores Valencia, Aida Álvarez Álvarez, Miguel Guillermo Molledo Martí, Luís Sánchez Marcos, Francisco Javier Iglesias Díaz, Julio Calleja Gonzalez Camino, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio García Mansilla yDiego Ramos Ramos) por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre otros

La sentencia se dictó el 28 de octubre de 1997, después de que el instructor inicial rechazara el caso para dejarlo en manos de Enrique Bacigalupo. José Maria Sala, condenado a tres años de prisión (condena reducida a dos por el Tribunal Constitucional), cumplió menos de sentencia, al suspenderla el TC.